Por José David Zambrano, estudiante de Comunicación.
En un periodo de 25 años (1996-2021) -relativamente corto para una república- han pasado por el sillón presidencial de Carondelet nada más y nada menos que ¡diez presidentes! Una cifra poco alentadora, aún para una nación que se precia de ser democrática.
A mi criterio, esta inestabilidad, ha devenido en golpes de Estado, precariedad institucional, social y económica con las continuas paralizaciones de actividades, que sí bien es cierto obedecieron a sinceros clamores del pueblo ecuatoriano en pro de una sociedad más justa y equitativa. Otras, en cambio, fueron orquestadas por intereses políticos oscuros que solo denotaban fiebre de poder y codicia sin límites. En consecuencia, esto llevó varias veces al Ecuador a una guerra fratricida donde independientemente de quien tuviera el poder no hubo ganadores, sino una cuantiosa lista de perdedores.
Durante el transcurrir de ese cuarto de siglo, se vivió una era de oscurantismo democrático y las instituciones públicas. Tanto sus servidores, como autoridades fueron perdiendo credibilidad ante la sociedad que representaban. Tanto así que valiéndose de un aparataje comunicacional sin precedentes al servicio del gobierno se renovó el aspecto e imagen corporativa de varias entidades estatales y algunas hasta cambiaron de nombre. Fue así que el honorable Congreso Nacional de la República del Ecuador fue defenestrado y borrado de un plumazo presidencial y llegó a ser renombrado como Asamblea Nacional del Ecuador. Otra cara, sin duda alguna, pero básicamente los mismos actores. Se cometieron los mismos errores y los casos de corrupción ascendieron de forma sistemática.
Esta vorágine de hechos caóticos advino con la ruptura del orden democrático del país. La noche del 7 de febrero de 1997, el entonces presidente del Ecuador, Abdalá Bucaram, Ortiz fue destituido de su cargo por el Congreso Nacional con 44, de 82 diputados. Dicho congreso, encabezado por Fabián Alarcón, alegó que el presidente Bucaram padecía “enajenación mental”, un diagnóstico que no fue dado por ningún ente especializado. Luego, Alarcón fue elegido presidente interino hasta las nuevas elecciones del siguiente año, cuando constitucionalmente asumiría la vicepresidenta de Bucaram, Rosalía Arteaga.
A pesar de que evidentemente a Bucaram no se le respetaron sus garantías constitucionales, al removerlo del cargo el congreso -ilegalmente- se hizo eco del clamor popular, pues millones de ecuatorianos habían expresado el descontento (a través de concurridas manifestaciones) con la forma de actuar del gobierno al que acusaban de favorecer a familiares para cargos y contratos públicos, así como propiciar políticas especulativas en los precios de los artículos de primera necesidad.
Luego de transcurridos dos años de gobierno, el presidente elegido democráticamente había sido Jamil Mahuad y el 21 de enero del año 2000 las Fuerzas Armadas observando que las medidas presidenciales causaban cada vez más desazón le retiraron el apoyo al presidente. Entonces, un grupo de militares –por cuenta propia- dirigidos por el coronel Lucio Gutiérrez derrocaron al presidente. Estos militares recibieron el apoyo multitudinario de la gente en las calles, porque Jamil Mahuad a punta de medidas antipopulares se ganó la antipatía del pueblo. Meses atrás firmó un Tratado de Paz con Perú que benefició al vecino país, devaluó la moneda nacional y los precios de combustible llegaron a subir en un 300 %. Al final, Gustavo Noboa Bejarano terminó el periodo que le faltaba a su compañero de fórmula presidencial en una fase de relativa paz.
Mientras que para el periodo 2002-2005, fue electo por voluntad popular el coronel Lucio Gutiérrez, gracias a un manejo poco adecuado del país en el que sus coidearios de izquierda (CONAIE, Pachacutik) lo acusaron de volcarse a la derecha y favorecer el nepotismo. Además, de aliarse con Bucaram para que regrese al país, ya que permanecía en el exilio. Su imagen terminó en descrédito ante la opinión pública. Después, un colectivo civil autodenominado “Los Forajidos” lo derrocó y otra vez la inestabilidad política y económica reinó en el país.
Y así se continuó por muchos años entre paralizaciones, protestas y manifestaciones sangrientas, alimentadas por la falta de credibilidad de los gobiernos de turno que desencadenaron otros eventos como el 30-S, en el año 2010; el Caso de Petrochina, en el 2014; los casos de corrupción Odebrecht, surgidos en el 2017; los INA Papers , en el 2019; las manifestaciones por el precio del combustible 2019 y 2022, los más recientes.
A la fecha, la corrupción está institucionalizada en el país. Al menos así lo demuestran los continuos casos de sobornos, sobreprecios, golpes de Estado y las medidas anticonstitucionales que nunca siguieron el debido proceso, ya que han provocado que el pueblo ecuatoriano proteste enérgicamente sin medir las consecuencias de hechos violentos, destrozando la propiedad pública y privada, causando especulación de los precios de víveres y demás hechos derivados del mal endémico que parece ser la falsa viveza criolla en el país.
El Ecuador está al borde de un colapso social y económico, el cual sino se detiene a tiempo puede degenerar en hechos aún más dantescos; sin precedentes en la historia del país.