Foto Carlos Villalba / AFP
La inestabilidad económica y política del país proyecta en el extranjero la probabilidad de no cumplir con obligaciones financieras. Analistas económicos sugieren buscar soluciones a la parte social con la generación de empleo y reordenamiento de las cuentas macroeconómicas.
Por Eliana Michilena, estudiante de Comunicación
La protesta indígena de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y movimientos sociales tuvieron una duración de 18 días que paralizó económicamente a la nación y la consecuencia de la misma hizo que el riesgo país se incremente en tan corto tiempo de 800 puntos a 1562 puntos, dato proporcionado por el Banco Central del Ecuador (BCE).
En el 2020 el riesgo país se encontraba en 2800 puntos, siendo la cifra más alta que haya experimentado el país. Cabe recordar, que el riesgo país es el grado de estabilidad económica y política de una nación y es por eso que ante los organismos crediticios extranjeros proyectamos la probabilidad de no cumplir con nuestras obligaciones financieras.
Este indicador se encontraba en un nivel muy alto días antes que se anunciara el programa crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Ecuador, pero después de una serie de reajustes en la política económica el FMI aprobó un crédito por $ 6.500 millones, en agosto del 2020, que ha sido realizado en varios desembolsos. El último de $ 1.000 millones se lo realizó mientras se desarrollaba el paro indígena y tan solo, restarían 700 millones por recibir.
En la actualidad, el riesgo país pone ante una posición negativa a Ecuador, ya que si el día de mañana presentaría un bono con características promedio de la deuda ecuatoriana estaría consiguiendo un préstamo a una tasa de interés del 19 % que se la considera alta.
Analistas económicos sugieren buscar soluciones a la parte social, como es la inversión de capitales que generen fuentes de trabajo y un reordenamiento de las cuentas macroeconómicas.
El Ministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena nos habla de un plan económico desde el gobierno para la reactivación con enfoque social; es decir, asegurar el gasto social, bajar atrasos del gobierno y construir obra pública.