Por Bianca Morán, estudiante de Comunicación
El Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador aprobó el jueves por unanimidad el inicio del proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias de 2023
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el período de elecciones presidenciales y parlamentarias extraordinarias. La decisión se produjo un día después de que el presidente Guillermo Lasso emitiera un decreto de muerte cruzada, tal como se le conoce coloquialmente. La audiencia tuvo lugar minutos después de que la Corte Constitucional defendiera el fallo de Lasso, rechazando seis objeciones anti-crucifixión a la constitución.
Tras una reunión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el pleno anunció el 18 de mayo que había aprobado por unanimidad el inicio del proceso electoral para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de 2023.
Fuente: El Expreso
El inicio de la temporada electoral es el primer paso para la realización de nuevas elecciones, donde los ecuatorianos deberán elegir: un Presidente y un Vicepresidente de la República, así como 137 asambleístas, los cuales estarán en funciones hasta mayo de 2025. De acuerdo con la declaratoria, el CNE es la máxima autoridad en materia electoral y su tarea principal es organizar las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2023. Por lo tanto, los servidores públicos que obstruyan el trabajo de la misión electoral pueden ser sancionados con la destitución.
Esta es una de las gravísimas violaciones electorales previstas en el Código de la Democracia. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que están pidiendo la cooperación de las instituciones del Estado con todas las demás funciones en la preparación de las elecciones. Esto incluye al Ministerio de Finanzas, con quien tienen que equilibrar el presupuesto electoral. En ese sentido, la presidenta del órgano electoral recalcó: “no tenemos tiempo, tenemos que ganar cada minuto de cada día, porque el proceso electoral que se tiene que hacer hace 18 meses, ahora se tiene que hacer en 90 días”, dijo.
En la asamblea general estatutaria del CNE, las autoridades anunciaron que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 741 se aprobó la declaratoria de inicio del proceso y periodo electoral. La presidenta Diana Atamaint afirmó que: “el operativo electoral se convertirá en la máxima autoridad en la organización de elecciones a nivel nacional”.
Según lo expuesto, “ningún organismo, persona o institución puede interferir directa o indirectamente en la posibilidad de prevenir o gestionar que no se desarrolle con normalidad, y especialmente en una situación en la que el público espera el cumplimiento de los plazos que marca la ley”, mencionó Atamaint. La declaración del CNE se produjo luego de que la Corte Constitucional de Ecuador anunciara su decisión de rechazar las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 741.
Reducción de presupuesto
En cuanto al presupuesto se informó que este será menor debido a que se reducirán algunos puntos, entre ellos: la campaña electoral que durará 8 días. “Estamos trabajando en otros costos que necesitamos observar. Consideramos cuánto costará a todos el voto telemático innovador en el extranjero, pero en ningún caso puede ser más que el presupuesto de una elección regular” mencionó este lunes para los próximos comicios”, añadió la titular.
El punto de referencia para el nuevo presupuesto de las elecciones generales que se dió en el año 2021 fue de $114 millones. Entre las partidas que pueden quedar excluidas en el nuevo contexto se encuentran 10 millones de dólares por innovaciones tecnológicas y los equipos de bioseguridad con un valor de 2 millones por la pandemia.
Tras consultar a especialistas, se señaló que “la tecnología informática está disponible en las últimas elecciones. Lo que se necesita es una reconfiguración; no un reemplazo general de hardware y software”, dijo Esteban Ron, analista electoral y decano de la Universidad Internacional SEK.
Además, se habló de la posible incorporación de dos preguntas de consulta popular. Uno a escala nacional para almacenar petróleo Yasuní bajo tierra y el otro para minar en Quito. Al precio de esta convocatoria anticipada se le suman 117 millones para las elecciones generales de 2021 y 91 millones para la elección del Consejo de División e Inclusión, lo que significa que el estado pagaría unos $300 millones por los votos de los últimos tres años.
Ya hay candidatos alistándose y fechas justas
Por otro lado, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) organizarán los aspectos logísticos, operativos e institucionales para las elecciones del 20 de agosto. Hasta ahora, los partidos políticos han expresado su preocupación y se sabe que los candidatos tienen una fecha límite de registro. Los procesos democráticos internos deben llevarse a cabo dentro de los movimientos políticos. La campaña electoral continúa entonces durante siete días, dentro de los cuales los candidatos a ocupar el máximo cargo de Carondelet deben presentar sus planes y programas.
Debido a que esta es una elección especial, los candidatos tienen diez días para hacer campaña. Así que, desde el 8 al 17 de agosto esta se pondrá en marcha, por lo que el debate presidencial tendrá lugar el domingo 13. Después de eso, las personas privadas de libertad podrán votar el jueves 17 de agosto y el sufragio en casa se realizará el viernes 18. La segunda ronda será el domingo 15 de octubre.
Por último, las credenciales de las nuevas autoridades llegarán el 30 de noviembre, lo que indica que el presidente Guillermo Lasso ejercerá el cargo hasta la fecha. Este año no se consideran cambios de domicilio ni de miembros del cuerpo de votantes. Para las próximas elecciones se aplicará la misma fórmula de las elecciones regionales del 2023, es decir, los 13 millones de ecuatorianos y ecuatorianas podrán ejercer su voto sin mayor complicación.
Se fusionan procesos electorales
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de dos procesos electorales para 2023, en primera instancia la consulta popular Yasuní 2023 junto a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Además, se enviará una consulta a la Corte Constitucional para que dé su visto bueno. En la sesión plenaria celebrada el lunes 20 de mayo de 2023, el CNE aprobó, con cuatro votos a favor y una abstención, el informe de la Coordinación Técnica Nacional de Procesos Electorales y la Resolución sobre Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y Consulta Popular sobre Yasuní 2023.
Sin embargo, debe hacerse un juicio sobre la constitucionalidad de tal decisión, según se explicó en el plenario. El propósito de combinar ambos procesos se debe a que hay poco tiempo para planificar e implementar las votaciones que mantienen un mes de diferencia entre sí.
Inicialmente, el CNE confirmó que no era posible realizar dos fechas al mismo tiempo, porque la Corte Constitucional había dado un plazo más definido para escuchar a Yasunidos. Sin embargo, la decisión consultiva se tomó para ahorrar recursos. Realizar un referéndum en un día que no sea una elección especial costaría alrededor de $51 millones, según la experticia de los especialistas del CNE.